Noticia tres: Municipalidad del Callao suspendió la ruta Ventanilla-Ate de empresa Orión por 30 días

La Municipalidad del Callao anunció que se suspenderá de forma precautiva la circulación de la empresa Orión en la ruta OM-18, la cual cubre la ruta Lima-Callao, esto con el fin de “realizar investigaciones en torno a los últimos accidentes y salvaguardar la vida de los usuarios”.

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Hace unos días salió en los medios que una de las líneas de la empresa de transporte Orión había sido suspendida. La aprobación fue inmediata en las redes sociales. Sus conductores son conocidos por la irresponsabilidad con la que manejan por las autopistas de Lima -Callao y por la cantidad exorbitante de multas acumuladas.
Lo técnico en esta noticia es toda ella. Parece clara, pero ¿qué significa suspensión precautiva? No es definitiva, es decir, en un mes completo se investigará a la empresa y hasta entonces una de las líneas de la S no podrá movilizarse por Lima. Sólo una. 

¿El cierre de una línea de un consorcio con más de 2000 vehículos en su haber es suficiente para frenar la inseguridad vial? Una medida pequeña que no revisa el problema del transporte desde la raíz. O sea, desde las mismas leyes y su ejecución.

El problema con el transporte público no tiene que ver sólo con el chofer, las políticas que regulan a empresas como Orión no son claras. Por un lado, el Ministerio de Transportes  y Comunicaciones (MTC) declara que sólo es un ente normativo y que la fiscalización les corresponde a los gobiernos provinciales. Y por el otro, los municipios, que tienen licencia para cobrar multas y retener los bienes de las empresas deudoras, no lo hacen. ¿Dónde quedó la ley 27181 que dice que es responsabilidad del Estado garantizar la vigencia de reglas claras, transparentes y estables en el transporte? El artículo 9 habla de una fiscalización eficiente y autónoma que dista mucho de la realidad de las autopistas limeñas.